Andrés E. Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, denuncia los crímenes de las corporaciones de la biotecnología, y la complicidad de un gobierno corrupto
Los 27 transgénicos aprobados comercialmente desde el 1996, imponen prácticas no solo cuestionables por los efectos en los ecosistemas y demás variables físicas de suelos, sino por el incremento de la contaminación química con sus consecuencias en salud.
Andrés E. Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, denuncia los crímenes de las corporaciones de la biotecnología, y la complicidad de un gobierno corrupto
Relatar los hechos respecto del avance de los agronegocios en la región latinoamericana, hace necesario señalar que a la voracidad de un sector productivo y a los intereses estratégicos de las transnacionales y su propuesta tecnológica, hay que agregar la actitud de gobierno nacional (N.del.E: el gobierno Argentino) que no sólo espera retenciones crecientes, sino que se empeña en apostar a la desnacionalización incrementado la dependencia con un modelo que hace cada vez más frágil a la Argentina frente a las decisiones geopolíticas de los países centrales. (ver opinión de Monsanto en Clarín 29-08-2012, página 30).
Como forma de confrontar relatos, la contraofensiva descripta por Clarín, se expresó en que mientras se esperaba la sentencia del tribunal cordobés por la demanda de las Madres de Ituzaingó, la Secretaria de Agricultura hacía pública la resolución firmada por su titular Lorenzo Basso (ex Decano de la Facultad de Agronomía de la UBA) aprobando una nueva semilla de soja: Intacta RR2 que contiene transgenes para resistencia al glifosato y para producir toxina insecticida (Bt). Esta semilla patentada por Monsanto, obligará a los productores a pagar regalías de por vida mediante convenios de orden privado con la empresa transnacional.
Es transparente Norberto Yahuar, Ministro de Agricultura, cuando anuncia, en la presentación de la semilla RR2 de Monsanto, una nueva ley de semillas que limitará el Uso Propio (guardar parte de la semilla para la próxima cosecha) para «demostrar al mundo que se reconoce ese valor intelectual en tecnología, que desarrollan los privados» (Página 12, 22-08-2012, página 7). Según Clarín el acuerdo funcionará así: «Cuando el productor compre semilla de soja certificada pagará el derecho fijado. Pero si no lo hiciese, al vender sus granos se realizará un sencillo test que permite detectar la presencia de los genes buscados. Y si el resultado fuera positivo el comprador del grano cobrará a cuenta del desarrollador las regalías pendientes, más caras que al principio».
NO! a los transgénicos 